El Gobierno nacional comenzó a trabajar con las provincias del norte sobre los alcances que tendrá el acuerdo con China para la llegada de inversiones de ese país en la producción porcina.

Se trata del convenio para impulsar la puesta en producción de 300.000 madres con una inversión superior a los USD 3.700 millones. Es un plan que contempla la participación de socios argentinos, 25 unidades integradas de 12.000 madres cada una, producir 822.000 toneladas y generar más de 9.000 empleos.

Se apunta al desarrollo en provincias del norte del país, ya que hoy la región central del país, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, concentran más del 70% del stock bovino. El 90% del cerdo, en tanto, se industrializa en la región central.
Al respecto, Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y el subsecretario de Ganadería del Ministerio de Agricultura, José María Romero, mantuvieron un encuentro virtual con los ministros de Agricultura y Producción de Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.

El Gobierno nacional avanza en un proyecto de radicación de grandes granjas de porcinos para exportar la carne directamente a China, pero se impusieron varias condiciones, como que las instalaciones se realicen en el NEA, para evitar la centralización e impulsar el desarrollo de esas regiones.

El vicecanciller Jorge Neme brindó precisiones sobre el proyecto y aclaró que no hay nada cerrado todavía entre ambos gobiernos. Aclaró que no se negocia a nivel oficial la letra chica de las inversiones, sino el marco institucional para que se estas puedan llevarse a cabo. Ademas , explicó que en este momento están esperando la respuesta del Ministerio de Agricultura de China a una serie de “condicionamientos” que quiere imponer la Argentina a estas inversiones. Una de ellas es que las nuevas plantas tengan en todos los casos un socio argentino, ya sea una empresa, una cooperativa o directamente productores. De hecho, son los privados los que trajeron el proyecto en diciembre del año pasado y la Cancillería sólo negocia para imponer un marco general. 

Se exigirá a las unidades productivas que hagan la faena en paralelo a las granjas y que, sobre todo, esos frigoríficos tengan capacidad de frío para conservar la carne el tiempo que fuera necesario.